Imagen de contexto: antigua sede de la Asamblea Legislativa. Fotografía de archivo; no muestra la sesión que aprobó la Ley de Ejecución de la Pena.
Justicia · 19 de febrero de 2026

Congreso aprueba en segundo debate la Ley de Ejecución de la Pena

El expediente obtuvo 33 votos a favor y seis en contra. La aprobación legislativa llegó después de que Rodrigo Chaves anunciara su intención de vetarlo.

Imagen de contexto: antigua sede de la Asamblea Legislativa. Fotografía de archivo; no muestra la sesión que aprobó la Ley de Ejecución de la Pena. Lex.mercurio · Imagen original · CC BY-SA 4.0
01 / LA NOTICIA

La decisión legislativa

La Asamblea aprobó el 19 de febrero, en segundo debate, el expediente 24.019, sobre ejecución de la pena y medidas de seguridad curativas. La votación fue de 33 a favor y seis en contra. La iniciativa fue presentada por Rodrigo Arias a partir del trabajo del Poder Judicial.

02 / LA NOTICIA

Qué buscaba regular

El proyecto establece reglas para el cumplimiento de sanciones penales y medidas de seguridad, con control judicial y una finalidad de reinserción social. El Ejecutivo y quienes respaldaron la iniciativa discrepaban sobre la distribución de competencias entre la administración penitenciaria y los jueces de ejecución.

03 / LA NOTICIA

La intención anunciada en febrero

Chaves había anunciado el 18 de febrero que vetaría el texto. Al cerrarse la votación, esa era todavía una intención anunciada: aprobar el proyecto en el Congreso no equivalía a su entrada en vigor. La votación definitiva es un hito distinto del primer debate del 16 de febrero.

04 / LA NOTICIA

10 de marzo: entrega formal del veto

El 10 de marzo, el ministro de Justicia, Gerald Campos, entregó al Congreso el veto total al expediente 24.019. El Ejecutivo planteó objeciones de conveniencia y constitucionalidad: alegó interferencia con sus competencias administrativas y cuestionó disposiciones sobre igualdad y tratamiento de las personas privadas de libertad. Esos fueron argumentos del Gobierno, no una sentencia de inconstitucionalidad. La devolución formal abrió el trámite de las objeciones en el Congreso; las fuentes del 10 y 11 de marzo no acreditan que el veto estuviera resuelto.

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