Decreto amplía reserva de información sobre DIS, Fuerza Élite y seguridad nacional
La medida incluye operaciones, presupuestos y contrataciones. El Gobierno invoca riesgos de seguridad; la SIP advierte efectos sobre transparencia y acceso a información.
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Alcance de la declaratoria
El 10 de agosto se publicó el decreto 45.870-MSP, firmado por Laura Fernández y Gerald Campos el 27 de julio. La declaratoria de secreto de Estado comprende información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y Fuerza Élite, así como coordinaciones de seguridad dirigidas por la Presidencia. Incluye capacidades operativas, mecanismos de inteligencia, evaluaciones de confiabilidad, presupuestos y expedientes de contratación relacionados con esos ámbitos.
Justificación y deber de confidencialidad
El Ejecutivo sostiene que divulgar esa información podría comprometer operaciones, revelar vulnerabilidades y poner en riesgo a funcionarios y terceros. El deber de confidencialidad alcanza también a asesores y contratistas y se prolonga después de terminar su relación con el Estado, según las coberturas del decreto. La noticia describe esa regulación; no establece por sí misma que toda reserva concreta sea constitucional.
La preocupación de la prensa
En un pronunciamiento del 11 de agosto, la Sociedad Interamericana de Prensa reconoció la necesidad de proteger información operativa sensible, pero cuestionó la amplitud de la reserva sobre gastos y contratación. Pidió límites proporcionales y controles independientes. Estas son las valoraciones de la organización, que no sustituyen una resolución judicial sobre la norma.
Impugnación posterior
El 19 de agosto, las bancadas del PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana anunciaron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto y solicitaron suspender sus efectos. Alegan una restricción excesiva del acceso a información. La presentación y la solicitud no equivalen a que la Sala haya anulado o suspendido la norma.